El Motín de Fuenteguinaldo de 1620: Algunas reflexiones sobre el uso de la violencia en la lucha social

I Congreso de Historia de Salamanca. Salamanca, 1989.

Autor: Pedro Luis Lorenzo Cadarso

Universidad de Extremadura

I.- LOS HECHOS

El 18 de julio de 1620, el Consejo de Hacienda comisionó al licenciado Alonso Rodríguez Arriaga para realizar una Visita de Sacas y Cosas Vedadas en los obispados de Badajoz, Coria y Ciudad Rodrigo. Se trataba de una pesquisa rutinaria, realizada periódicamente en todas las localidades de Castilla ubicadas en territorios fronterizos. En ellas se revisaban los registros que sobre los bienes susceptibles de ser exportados ilegalmente debían elaborar las autoridades locales y los propios mercaderes.

El objetivo básico de este tipo de controles judiciales eran los productos importados por los mercaderes —todos ellos estaban obligados a llevar puntualmente registros sobre el origen de las mercancías que compraban y la ganadería. En todas las localidades debían existir censos ganaderos que especificasen propietarios, número de cabezas, especies y compraventas realizadas. En Fuenteguinaldo, una villa de unos 400 vecinos en 1620, parece que la actividad mercantil carecía de importancia, de modo que la investigación judicial se centraba en la ganadería.

Los registros de ganado no tenían una finalidad fiscal, sino que eran un instrumento con el que poder controlar el destino de las ventas e impedir que se exportasen, en contra de las leyes vigentes, al extranjero. No había pues exención alguna por motivos de hidalguía, pertenencia al clero u otro privilegio fiscal, así que los ganaderos ricos no podían sustraerse al control; salvo, claro está, por medio del fraude.

El 3 de agosto de 1620, el juez, que había radicado su audiencia en Ciudad Rodrigo, subrogó las pesquisas en las diferentes villas y ciudades a varios alguaciles. Uno de ellos, Juan de Medrano, acompañado por un escribano, fue enviado a Fuenteguinaldo. Tenía, en principio, dos objetivos básicos: revisar los registros de ganado y apresar a ciertos vecinos por exportar ilegalmente caballos a Portugal. Llegó a la villa el 4 de agosto y notificó su comisión, como era preceptivo, al teniente del gobernador del duque de Alba —Fuenteguinaldo pertenecía al señorío de Alba—, pero, sorprendentemente, el representante del duque se negó a colaborar:

"En cuatro días del dicho mes y año parece que hicieron notoria su comisión a Lorenzo Tello, teniente del gobernador de la dicha villa, el cual, sin obedecerla, sólo respondió se le diese traslado de la dicha comisión para responder con letrado, y se le dio traslado, y sin embargo parece no dio lugar a hacer la dicha visita. Y por esta causa el dicho alguacil y escribano se volvieron y dieron cuenta al dicho juez"

El juez, ante la gravedad del desacato a su autoridad y al propio Consejo de Hacienda, pudo optar por dos vías: a) informar al Consejo para que éste expidiese una Provisión obligando a las autoridades de Fuenteguinaldo a acatarle, o b) obligarles él mismo por la fuerza. Optó por la segunda, probablemente suponiendo que los vecinos no se atreverían a seguir con su actitud si él estaba presente. Así que el 10 de agosto, acompañado por todos los hombres armados de su audiencia, se presentó en la villa, alojándose en una posada entre una aparente indiferencia del vecindario. Notificó su comisión nuevamente al teniente del gobernador —don Lorenzo Tello— y los pregoneros informaron a los vecinos de viva voz por las calles. Al poco rato, todas las autoridades locales en pleno —los cuatro regidores, el teniente del gobernador y el procurador del común— se presentaron en la posada y entregaron al juez una petición por escrito:

"...firmada de un letrado, diciendo que la comisión del dicho juez había sido ganada con relación defectuosa y que era nula"

Le exigían que se inhibiese de las pesquisas mientras que el Consejo no decidiera sobre el asunto. Alegaban para ello que Fuenteguinaldo era lugar de señorío y que en los últimos tres años ya habían sufrido otras dos Visitas de Sacas más. Entre ambas partes se entabló entonces una furibunda discusión, en la que se vertieron amenazas mutuas:

"El juez se embraveció y arrojó las Provisiones sobre el bufete y la petición en el suelo, diciendo que tenía más necedades que letras (...) y dijo muchas palabras injuriosas contra los vecinos de esta villa, y dijo a sus ministros (...) "¡Estos villanos no han de ser buenos si no es a palos!""

Desde hacía rato se habían ido concentrando grupos de vecinos en los alrededores de la pensión, y ahora comenzaban a oírse gritos amenazadores, de modo que el juez, "viendo que se empezaban a alborotar y alterar y que llegaba gente haciendo corros y cuadrillas", decidió volverse de inmediato a Ciudad Rodrigo, ordenando primero que sus hombres apresasen al procurador del común, "ansí por la descompostura de la petición como por otra causa que contra él había por no dar cuenta de una caballería". El juez pretendía estar fuera de la villa antes de que los vecinos reaccionaran, pero no le fue posible:

"...pues en saliendo de la posada, el dicho procurador dio voces alborotando la gente, diciendo "¡favor, que me llevan preso!", y luego se convocó mucha gente (y) comenzaron a dar voces, a las cuales acudieron más vecinos; y unos fueron a convocar gente y otros subieron a la torre de la iglesia y tocaron las campanas a rebato y alarma, con lo cual, en un momento, se convocó y juntó toda la gente de el lugar, que es de cuatrocientos vecinos, y hombres, mujeres y muchachos con piedras, chuzos y espadas"

Algunos clérigos y frailes franciscanos intentaron convencer al juez de que pusiese en libertad al procurador del común, asegurándole que así se calmaría la población, pero éste ordenó a sus hombres que se abriesen paso entre el gentío por la fuerza —"mandando a sus ministros cargasen las escopetas y levantasen los gatillos"—. La situación se precipitó hacia la violencia definitivamente:

"...y bajaron la calle abajo tras el dicho juez y sus ministros muchos hombres, mujeres y muchachos, con ruido y alboroto, con escopetas, espadas, piedras, chuzos y palos, tirando a los dichos ministros empellones y espaldarazos. Y el dicho juez a voces decía: "Favor al rey" y "Que me den favor so pena de azotes y la vida!"; y los vecinos de la dicha villa decían: "¡Favor al duque, no conocemos aquí al rey!", (...). Y el dicho juez y demás ministros, viendo el riesgo que corrían sus vidas, se metieron huyendo en una ermita que cerca de allí estaba, y cerraron las puertas, porque la gente fue tras ellos tirándoles piedras; y les cercaron la ermita, procurando entrar en ella, diciendo: "¡mueran estos traidores! ..."

Pese a lo espectacular de la refriega, sólo hubo tres heridos —dos oficiales del juez y un vecino—. Además, pasado un rato en el que los vecinos simulaban más que intentaban asaltar la ermita, varios caballeros de Ciudad Rodrigo, de paso en la villa, y un grupo de frailes y clérigos, actuaron como intermediarios y, tras unas breves conversaciones:

"...para los aquietar fue necesario dejarse prender, y ansí, el dicho Lorenzo Tello, teniente del gobernador, prendió y llevó presos al dicho juez, quitándole la vara y espada, y a los demás ministros y heridos. Y los llevaron presos a el dicho juez a una casa y a los ministros a la cárcel y a otras casas, adonde les echaron prisiones y les pusieron guardas y les quitaron las cabalgaduras, hato y papeles, sin dejarles comunicar ni al dicho juez ni al dicho receptor, ni consentir se nos diese papel ni tinta para escribir ni dar cuenta a los señores (del Consejo) de lo sucedido"

Al día siguiente fueron liberados el juez y sus hombres, quienes partieron de inmediato hacia Ciudad Rodrigo. Desde allí informaron al Consejo de Hacienda —era el 11 de agosto— y éste envió un juez pesquisidor para procesar a los inculpados.

Cuando el pesquisidor llegó al pueblo se encontró, como era norma en las rebeliones populares, con que nadie deseaba colaborar con él. Buena parte de la población había huido, y de las autoridades municipales y señoriales, al estar implicadas en el motín, poco se podía esperar. Además, el duque de Alba, al haber sucedido el tumulto en su señorío, envió a su propio juez pesquisidor —probablemente para demostrar a la Corte que él no apoyaba la complicidad de sus representantes con los amotinados—. La situación era muy delicada y lo menos deseable era tener disputas con el juez del duque, así que el Consejo llegó a un trato con el juez señorial: éste se inhibiría en la averiguación, pero cobraría las costas del proceso como si fuese él el juez instructor. La propuesta era, obviamente, absolutamente ilegal, pero el juez del duque aceptó y se apresuró a cobrar nada menos que 100.560 mrs. de costas a los vecinos, abandonando la villa a los pocos días:

PROCESADO	COSTAS	PROCESADO	COSTAS
Marcos Pérez	3.400 mrs.	Francisco Sánchez la Plaza	3.400 mrs.
Juan Sánchez del Corral	17.000 mrs.	Juan Mateos, regidor	3.000 mrs.
Lorenzo Tello, tte. gdor.	8.500 mrs.	Juan Pérez	4.080 mrs.
Fausto Gutiérrez, regidor	18.360 mrs.	Pedro Marocho	6.800 mrs.
F. Gómez Turpín	8.500 mrs.	Juan Gómez	3.000 mrs.
J Pérez Patón, proc común	6.120 mrs.	Cristóbal Gata, regidor	3.000 mrs.
Fausto López, regidor	3.000 mrs.	Andrés Sánchez	3.000 mrs.
Marcos Gómez	3.400 mrs.	Alonso Martínez	3.000 mrs.
Jerónimo Castaños	3.000 mrs.

El pesquisidor tuvo que permanecer en el pueblo casi tres meses, hasta principios de noviembre, de los cuales empleó más de dos en buscar testigos, porque nadie había visto ni oído nada. Fueron interrogados nada menos que 117 testigos y no se consiguió ni una acusación concreta contra ningún vecino que hubiese portado armas o tirado piedras —salvo, claro está, los pocos que pudieron reconocer los miembros de la audiencia del Juez de Sacas—. El pesquisidor, ante la imposibilidad de encontrar pruebas concluyentes contra nadie, procesó como amotinados a todos los que declararon haber estado mezclados con el gentío, aún así, nadie reconoció haber tirado piedras, portado armas o pronunciado arengas.

Cuando todavía no habían concluido los interrogatorios, los vecinos lograron ganarse el apoyo del Obispo de Ciudad Rodrigo y éste, el 25 de septiembre, expidió un mandamiento ordenando que se permitiese a los vecinos elaborar su propia probanza, contando en ella su versión de los hechos, algo a lo que se había negado sistemáticamente el juez pesquisidor.

Bajo esta anómala situación —ausencia de pruebas inculpatorias, intromisiones jurisdiccionales del duque y del Obispado y un buen número de vecinos en paradero desconocido, el 25 de octubre se dictaron las sentencias, que fueron, excepto para los vecinos que se hallaban en rebeldía, tremendamente livianas. Incluso los condenados en rebeldía, cuya captura era más que improbable, tenían todavía la posibilidad de apelar ante el Consejo alegando que había razones que justificaban su actitud y lograr así sensibles rebajas en las penas impuestas en primera instancia; incluso algunos apelaron ante el propio juez consiguiendo similares rebajas: Domingo Reventado, por ejemplo, fue condenado en rebeldía a dos años de destierro y 10.000 mrs. de multa, pero, cuando se entregó, su caso fue revisado y la pena se redujo hasta una multa de 1.000 mrs.

Por desgracia, la documentación sobre las sentencias es muy fragmentaria, éstas son las que es posible reconstruir:

PROCESADO	COSTAS	SENTENCIA	PROFESION
Andrés Bazo	1.000 mrs.	1.500 mrs.	Labrador
Catalina Diosdado	1.500 mrs.	1.500 mrs.	-----
Pedro Fernández	Libre	Absuelto	Forastero
Francisco Vicente	1.500 mrs.	1.500 mrs.	_____
Fausto Martín	3.000 mrs.	Absuelto	Escribano
María Gómez	1.000 mrs.	1.000 mrs.	------
Francisco Turpín	2.000 mrs.	2.000 mrs.	Labrador
Juan Mateos Gareta	3.000 mrs.	3.000 mrs.	------
Domingo Díaz	?	?	Herrador
Domingo Díaz (hijo)	?	?	menor edad
Juan Gutiérrez	?	?	Carretero
Andrés Sánchez	?	?	Herrero
Fausto Martínez	?	1.500 mrs.	Escribano
Ana Aparicio	Libre	Absuelta	------
Francisco Méndez	1.000 mrs.	6.000 mrs.	Herrero
Ana Martín	1.000 mrs.	1.000 mrs.	------
María Hernández	5.000 mrs.	?	------
Pedro Marocho	1.500 mrs.	1.500 mrs.	Labrador
Nuño Hernández	6.000 mrs.	?	Sastre
Juan Herrera	12.000 mrs.	?	Procurador causas
Lorenzo Tello	8.000 mrs.	?	Tte. Gobernador
Francisco Merino	4.000 mrs.	4.000 mrs.	Jornalero
Antonio Méndez	6.000 mrs.	?	Acarreador
Cristóbal Martín Bernal	4.000 mrs.	?	Sastre
Juan Pérez	5.000 mrs.	?	Zapatero
Catalina Mateos	5.000 mrs.	?	------
Juan García Basnera	1.000 mrs.	1.000 mrs.	Labrador
Martín Domínguez Cáceres	3.000 mrs.	3.000 mrs.	Licenciado
Juan Mateos Laguardia	8.000 mrs.	?	Regidor
Fausto López	8.000 mrs.	?	Regidor
Pedro Reventado	1.250 mrs.	1.250 mrs.	Labrador
Alonso Martínez	?	?	Sin oficio
Fausto Martín	Libre	Absuelto	Escribano
Juan Pérez Patón	15.000 mrs.	?	Proc.del común
Francisco Sánchez la Plaza	3.000 mrs.	?	Labrador
Juan de Soria	6.000 mrs.	?	Labrador
Francisco Gómez Turpín	12.000 mrs.	?	-----
Marcos Pérez	Libre	Absuelto	-----
Hernán Sánchez	Libre	Absuelto	Familiar de la Inquisición
Cristóbal Herrera	Libre	Absuelto	Labrador
Fausto Gutiérrez	8.000 mrs.	?	Labrador y regidor
Juan Cano	500 mrs.	?	Zapatero
Cristóbal Gata	8.000 mrs.	?	Escribano y regidor
María Benita	1.000 mrs.	1.000 mrs.	-----
Juan Mateos	750 mrs.	750 mrs.	Labrador
María Domínguez	1.000 mrs.	1.000 mrs.	-----
Cristóbal Méndez	2.000 mrs.	?	Clérigo
Pedro Bermúdez	3.000 mrs.	3.000 mrs.	Maestro de niños
Miguel de Osorio	3.000 mrs.	3.000 mrs.	Abogado
Juan Salido	5.000 mrs.	?	Escribano
Domingo Reventado	1.000 mrs.	1.000 mrs.	Labrador
Juan Martínez Bernal	?	?	Sastre
Jerónimo Castaño	4.000 mrs.	?	Organista
Diego Sánchez	4.000 mrs.	?	Labrador
Juan Gómez	1.000 mrs.	?	Cirujano
Francisco Hernández Torivio	?	?	-----
María Redonda	750 mrs.	1.500 mrs.	-----
Juan Carpintero	1.500 mrs.	3.000 mrs.	Labrador
Juan Muñoz	4.000 mrs.	Absuelto	Menor de edad
Santiago Sánchez	1.500 mrs.	1.500 mrs.	Mesonero
Juan Calderón	500 mrs.	500 mrs.	Labrador
Jerónimo Castaño (hijo)	1.500 mrs.	1.500 mrs.	Organista
Juan Gómez (hijo)	3.000 mrs.	3.000 mrs.	Cirujano
Francisco Domínguez	2.000 mrs.	2.000 mrs.	Alcalde de la Sta. Hermandad
Martín Rodríguez	?	2.000 mrs.	Boticario
Alonso Herrera	?	?	Cortador (en rebeldía)
Juan Trevijano	?	2 años de destierro y 6 de inhabilitación	Alguacil (en rebeldía)
Juan San Juan	?	Vergüenza pública, 4 años de destierro y 20.000 mrs.	Menor de edad (en rebeldía)
Juan Cachán	?	?	----- (en rebeldía)
Juan de Briones	500 mrs.	1 año de destierro y 500 mrs.	Labrador (en rebeldía)
Francisco Serrano	?	Muerte en la horca, y embargo de sus bienes	----- (en rebeldía)
Fco, Hernández	?	6 años de destierro y 12.000 mrs.	Carretero (en rebeldía)
Pedro Redioja	?	200 azotes, 4 años en galeras y 30.000 mrs.	Menor de edad (en rebeldía)
Domingo Díaz	?	200 azotes, 4 años de galeras y 50.000 mrs.	----- (en rebeldía)
Juan Sánchez	3.000 mrs.	100 azotes, 4 años de destierro y 30.000 mrs.	----- (en rebeldía)
Juan Benito	?	Vergüenza pública, 4 años galeras y 40.000 mrs.	Zapatero (en rebeldía)
Tomás Méndez	?	Vergüenza pública, muerte en horca y embargo de sus bienes.	----- (en rebeldía)
Juan Cochete	?	Vergüenza pública, 4 años de galeras y embargo de sus bienes.	----- (en rebeldía)
Juan San Juan (hijo)	?	4 años de galeras y 50.000 mrs.	Menor de edad (en rebeldía)

Basta con ojear las sentencias para darse cuenta de que uno de los objetivos principales del juez fue el de ser bien pagado: las sentencias las cobraba la Cámara de Castilla, pero las costas se las embolsaba el juez; de modo que no es extraño que el monto de las costas sea superior al de las sentencias.

Si atendemos a las profesiones de los procesados se comprueba que la rebelión fue realizada unánimemente, sin que se detecte fisura alguna: todas las profesiones y escalas sociales están presentes, hasta el cura.

II.- LAS CAUSAS

Siguiendo a G. Rude, podemos distinguir dos tipos de razones que empujaron a los vecinos de Fuenteguinaldo a rebelarse contra el Juez de Sacas: motivos directos y motivos subyacentes. Lo cual no niega, por supuesto, la enorme importancia que tienen los detonantes, en este caso la actitud agresiva del juez de sacas y de los cargos públicos, que empujó al conflicto hacia una escalada hacia los extremos, a una radicalización en las formas de lucha que terminó en la violencia.

El motivo directo es, obviamente, el malestar que produjo en las zonas fronterizas de Castilla el endurecimiento de la represión del contrabando en el siglo XVII. Este proceso parece, según se desprende de lo sucedido en otras zonas de frontera La Rioja, Soria, Guadalajara y Cuenca, que empezó a desarrollarse desde que en 1600 se decidió acuñar vellón de cobre puro, lo cual fomentó el contrabando de moneda falsa. Desde 1604-1606 las Visitas de Sacas se suceden en todos lados con una periodicidad que no supera el año o los dos años y con un rigor desacostumbrado en el resto de las actividades judiciales. Las protestas populares, concretadas en denuncias ante el Consejo de Hacienda, en negativas a colaborar con los jueces o incluso, como en Fuenteguinaldo, en tumultos de cierta gravedad, no disuadieron a la Corona de su estrategia represiva; es más, a partir de 1616, tras una reunión plenaria de los Consejos de Hacienda, Castilla e Inquisición, se decidió dotar a los jueces de autoridad suficiente como para no respetar privilegio alguno, ya fuese inquisitorial, eclesiástico, militar, municipal o de otro tipo. Las protestas subirían todavía más de tono, pero poco o nada lograrían: en 1623 aumentaban las restricciones tras decretarse el bloqueo a Holanda y poco después se habilitaría al Santo Oficio para procesar a los contrabandistas de moneda, fijándose la muerte en la hoguera para los condenados.

La represión del contrabando, además de endurecerse día a día, tenía dos caracteres que la hacían especialmente odiosa: por un lado, su rigor era muy discriminador socialmente —los procesados son en la inmensa mayoría de los casos trajineros, arrieros y campesinos, rara vez grandes mercaderes y enormemente arbitrario —dependía de la actitud que en cada periodo adoptara el Consejo y de la propia honestidad de los jueces que se enviaban a cada población—; por el otro, significaba un perjuicio notable para los circuitos comerciales de las zonas fronterizas, muy dependientes casi siempre de la demanda exterior para su supervivencia económica.

El malestar de los vecinos de Fuenteguinaldo está pues más que justificado, pero no basta para explicar los graves sucesos de 1620. Aquí entrarán en juego otras motivaciones menos explícitas, pero que formaban parte del entramado ideológico de la población y justificaban la resistencia violenta.

Está, en primer lugar, la solidaridad comunitaria. Cada individuo estaba moralmente obligado a proteger los intereses y la dignidad de su patria, la cual, en una época prenacional, era la localidad de origen. Esta solidaridad tenía dos grandes vertientes: los intereses económicos o jurídicos de la localidad eran una garantía para el bienestar general, de modo que debían ser defendidos anteponiéndolos a los particulares; y, en segundo lugar, debía existir solidaridad, apoyo mutuo entre los vecinos frente a los elementos ajenos a la comunidad o a las desdichas personales que sufriera cualquiera.

En 1620 estaban en juego tanto los intereses económicos de la villa, probablemente muy ligados a las relaciones comerciales con Portugal, como la dignidad colectiva, representada en los oficiales municipales que el juez humilla públicamente, y los derechos jurisdiccionales, dado que tres Visitas de Sacas en cuatro años era interpretado como un abuso intolerable. A estos hechos se le suman las humillaciones y agresiones que sufren algunos vecinos a manos del juez y los autos de procesamiento que pendían contra otros; de manera que a la defensa de los intereses colectivos se le suma el precepto ético de ser solidario con las víctimas del juez.

La respuesta popular será unánime y disciplinada, como suele ser norma en este tipo de conflictos. La disciplina y la solidaridad se mantendrá durante todo el desarrollo del conflicto a una orden de las autoridades locales, el tumulto desaparece y continuará meses después, cuando llega la represión y el juez no consigue ni una sola declaración inculpatoria se establece un pacto de silencio entre los vecinos—.

Sin embargo, probablemente no se hubiese llegado a recurrir a la violencia de no mediar el creciente desprestigio que estaba sufriendo todo en entramado institucional absolutista. El sistema judicial castellano, desde las reformas de los Reyes Católicos y de Carlos I, había sido diseñado para canalizar las tensiones sociales hacia las vías de la legalidad, evitando as' que se produjesen enfrentamientos violentos. Sin embargo, para finales de siglo, la actividad judicial de los tribunales reales se había convertido en un peligro real para los intereses de la aristocracia señorial, de las élites locales oligárquicas y, probablemente, también en un obstáculo para los objetivos políticos de la Corona. La reforma del Consejo de Castilla en 1598, convirtiéndolo en un tribunal ordinario que conocía en apelación las sentencias de las Chancillerías y la paulatina asunción directa, a través del envío de jueces especiales, de múltiples campos de acción a costa de los demás tribunales fue, antes que nada, un intento de controlar políticamente el sistema judicial.

El carácter político de las sentencias de los Consejos y de sus jueces de comisión —los de Sacas entre ellos— provocaron una creciente desconfianza del pueblo hacia los tribunales reales. Por si esto fuera poco, el ambiente de corrupción e ineficacia que se respiraba en la Corte de Felipe III aumentó el desprestigio de todo el entramado institucional absolutista. Los hechos de Fuenteguinaldo y otros que se produjeron en años posteriores— demuestran que incluso el prestigio del propio rey, en situaciones extremas, llegó a tambalearse.

La desconfianza hacia el Estado alentaba posturas radicalizadas, formas de lucha violentas y, por supuesto, una reafirmación popular en sus propias tradiciones institucionales los concejos e ideológicas anteposición de los intereses comunitarios a las órdenes reales.

 

III.- FORMAS Y LIMITACIONES EN EL USO DE LA VIOLENCIA

1.- La violencia como último recurso: el proceso de radicalización

de las formas de protesta.

El motín contra el Juez de Sacas que hemos narrado no fue una explosión de violencia fruto de la desesperación, sino el último paso en una escalada de confrontación entre el Consejo de Hacienda —representado por las diversas autoridades judiciales que envió al pueblo desde 1616 y los vecinos. El motín ha de inscribirse, por tanto, en un proceso de al menos cuatro años de duración y constituye su desenlace final. Hubo pues una fase previa de malestar entre los vecinos y es de creer que éste fuera en aumento a medida que transcurría el tiempo y la represión del contrabando, en vez de remitir, se intensificaba cualitativa —tras los acuerdos de los Consejos de 1616— y cuantitativamente —la villa fue investigada en 1616, 1619 y 1620—. De modo que, cuando llegó el nuevo juez, los vecinos se decidieron a resistir. La decisión estaba ya plenamente premeditada desde antes de la llegada del juez, pero, forzados por su actitud imperativa, se vieron obligados a ir endureciendo paulatinamente sus formas de oposición, pero, eso sí, sin improvisar nada.

La gradación de las formas de resistencia sería la siguiente:

1ª Obstruccionismo. La primera táctica que emplearon los vecinos, apoyándose en las autoridades señoriales y municipales, fue impedir que se realizara la pesquisa negando al juez cualquier apoyo e incluso negándose a reconocer su autoridad jurisdiccional alegando defectos de forma. Esto es lo que hizo el teniente del gobernador cuando llegó el alguacil comisionado por el juez el 4 de agosto, negándose a cumplir la Provisión Real hasta que fuese estudiada por un letrado. El objetivo de esta actitud era que el juez, para evitarse problemas, se limitara a informar al Consejo de los sucedido; de esta manera, se entablaría un pleito judicial largo y, mientras tanto, la pesquisa quedaría en la práctica anulada. Otra posibilidad, ésta mucho más deseable, era que el alguacil llevase a cabo la pesquisa sin el apoyo de las autoridades locales, lo cual significaba, con absoluta seguridad, que no sería capaz de realizar investigaciones rigurosas y los vecinos sufrirían, en consecuencia, muy pocas molestias.

2ª Recurrir a la vía judicial. La táctica obstruccionista fracasó porque el juez en persona se presentó en la villa sin informar al Consejo, y él sí que tenía suficiente capacidad coercitiva como para llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias, contase o no con el apoyo señorial y municipal. Entonces optaron por una segunda vía, más compleja y, sobre todo, muy cara, consistente en presentar un recurso judicial solicitando la inhibición del juez en el caso. Este paso no se tomó precipitadamente, sino que los vecinos habían contratado días antes a un abogado de Ciudad Rodrigo para que les asesorara y redactara el recurso. En teoría, la presentación del recurso debía desencadenar necesariamente el pleito judicial, no cabía ya la posibilidad de que el juez, para evitarse problemas, se inhibiera del caso. Pero, como hemos narrado antes, el juez "se embraveció y arrojó las Provisiones sobre el bufete y la petición en el suelo"; de modo que, en apenas unos minutos, la inesperada actitud del juez había frustrado esta posibilidad. Los vecinos podrían haber apelado al Consejo, pero para cuando éste —en el supuesto de que lo creyese oportuno— ordenara suspender provisionalmente la Visita de Sacas, hubiera transcurrido el tiempo suficiente que necesitaba el juez para terminar su trabajo.

3ª Coaccionar al juez. Significaba ya salirse de la legalidad, pero este tipo de comportamientos no solían ser fáciles de probar y los jueces preferían transigir antes que comprobar si las amenazas iban en serio. Todo transcurrió en unas pocas horas, todavía dentro de la posada, un nutrido grupo de vecinos, entre los que estaban todas las autoridades locales, comenzó a decirle al juez "palabras descompuestas", mientras que el pueblo se congregaba amenazadoramente en el exterior. Sin embargo, el juez no se atemorizó, sino que respondió con mayor violencia:

"...dijo muchas palabras injuriosas contra los vecinos de esta villa y estando cenando dijo a sus ministros: "¡estos villanos no han de ser buenos si no es a palos! ..."

Todavía fue más lejos, apresó al procurador del común —que parecía ser el líder— e intentó marchar a Ciudad Rodrigo, probablemente en busca de refuerzos. El gentío que se había congregado ante la posada tampoco pareció intimidarle, pero los vecinos siguieron recurriendo a esta táctica, aunque ahora sustituyesen las amenazas por las sugerencias, y un grupo de clérigos, asumiendo un papel conciliador, le solicitaron que, si quería evitar un tumulto grave, liberase al procurador del común. El juez no sólo no aceptó, sino que, según los vecinos, respondió amenazando a los clérigos, a quienes consideraba, con razón, implicados en el motín:

"...y a los clérigos y religiosos que llegaron a decirle lo mismo les pusieron las escopetas delante, con los gatillos alzados, amenazándoles y diciendo que los matarían y que no tendrían respecto a San Francisco ni a sus hijos, y decían otros muchos oprobios e injurias..."

4ª El recurso a la violencia. Al fracasar las amenazas de los cargos públicos y las palabras conciliadoras de los clérigos y como respuesta a una actitud violenta e incluso provocadora por parte del juez, de la que resultaba una humillación para el conjunto de la población, surge la acción violenta multitudinaria. Pero, por supuesto, no sin ciertos límites en el grado de violencia y tampoco antes de que fuese, al menos en cierta medida, jurídicamente legitimable.

2.- La legitimación de la violencia

Los vecinos en general, y muy especialmente las autoridades que les instigaron, eran perfectamente conscientes de las graves repercusiones que podía tener el utilizar la violencia contra un juez de comisión del Consejo, así que, cuando optaron por ella, fue premeditando todos los actos y actuando con suma disciplina. El objetivo básico era conseguir que la sublevación fuera o lo pareciera jurídicamente legítima, es decir, que se pudiera alegar con algunas expectativas de éxito que ni había sido un motín ni se había cuestionado la autoridad del Consejo de Hacienda.

Lo primero era, por supuesto, buscar una causa para la utilización de la violencia que pudiera servir como eximente legal. Así que esperaron a que el juez cometiera una agresión o algún abuso de autoridad, lo cual, según la legislación vigente, le "reputaba como hombre particular" ; y no tuvieron que esperar mucho:

"El dicho juez, excediendo de su comisión y sin haber dado traslado de ella, como tenía obligación, a la Justicia de esta villa, y sin causa ni razón alguna y sin conocimiento de ella y sin haber hecho cabeza de proceso contra Juan Pérez Patón, procurador general, lo sacó preso y maniatado de la posada donde estaba, con grande alboroto, mandando a sus ministros cargasen las escopetas y levantasen los gatillos; y con las espadas desnudas, dándole muchos empellones y apretándole la garganta, que lo querían ahogar porque decía que lo llevasen como hombre de bien y honrado que es, desaforándolo y sacándolo de su domicilio contra derecho y leyes destos reinos y contra lo que se mandaba en su comisión. Asimismo, dieron de mojicones a Francisco Gómez Turpín porque les dijo que llevasen preso al dicho procurador como hombre honrado. (...). Y si hubo algún alboroto y pendencia después fue casual e incidentemente y causada por los susodichos, que fueron los primeros que causaron el alboroto y después que uno de los ministros del juez había pasado de parte a parte a Marcos Pérez, que fue herida penetrante y casi mortal"

Ciertamente, el juez había hecho poco más que defenderse, pero los vecinos no le atacaron hasta que él empleó la violencia, la razón es obvia: actitud provocadora, malos tratos a las personas, desprecio por los clérigos... todo ello podía ser una justificación del empleo de la violencia por parte de sus víctimas, por un lado "legítima defensa", y por el otro que el juez, al dejar de comportarse como tal, no merecía, según la legislación vigente, acatamiento:

"porque excediendo los jueces de sus comisiones y haciendo malos tratamientos a los presos, en los excesos y malos tratamientos se reputan como personas particulares y no se dicen resistencias, pues ellos dieron ocasión y causa a ello"

Obviamente, para que esta justificación tuviese algún viso de credibilidad era imprescindible que la explosión de violencia no hubiera sido premeditada ni instigada, sino que fuese un tumulto casual, protagonizado por personas sin conocimiento de sus obligaciones cívicas y sin más objetivo que defenderse de las villanías del juez. De modo que las autoridades no convocaron al vecindario de una manera oficial y lanzaron contra el juez, como él mismo reconoció luego, a una multitud de chiquillos y mujeres; los vecinos eran perfectamente conscientes de la legislación vigente:

"No se puede llamar motín ni sedición la pendencia que dicen que hubo, porque para que sea motín son necesarios muchos requisitos, como son que alguna persona particular haya juntado gente para hacer el motín en lugar particular, con armas, y que se hayan juntado más de diez personas en la junta para hacerlo, y que se haya nombrado caudillo del dicho motín, con dolo y malicia. Todo lo cual no concurre en este caso. Lo otro porque el dicho alboroto no se hizo contra Su Majestad, ni contra la república, y fue casual y incidentemente. Y así no han lugar las penas impuestas contra los sediciosos, mayormente habiendo sido ignorancia y niños, y si hubo alguna persona en él fue labrador rústico e ignorante"

Evidentemente, hubo lo que podríamos llamar "errores tácticos", que a la postre tuvieron incidencia en las sentencias: el vecindario comenzó a congregarse delante de la posada del juez antes de que éste agrediera a los vecinos; se tocaron las campanas a hermandad; la población portaba abundantes armas; y se lanzaron gritos claramente sediciosos. Pero todo esto no fueron sino productos inevitables de la crispación.

3.- Las limitaciones de la violencia: los comportamientos codificados

El comportamiento de las masas populares durante las rebeliones violentas respondía a todo un conjunto de tradiciones dotadas de enorme coherencia y a las que el pueblo recurría sin necesidad de explicitarlas en forma de programas estratégicos. Los motines solían tener una violencia eminentemente ritual, se respetaba la vida de las personas, los atentados contra bienes inmuebles eran seleccionados con enorme rigor, los oficiales depuestos eran tratados normalmente con respeto y en todo momento se actuaba con una gran disciplina. Estamos ante un modelo de conducta creado a través de la experiencia colectiva durante siglos —las variantes con respecto a las sublevaciones medievales son escasas— y que se repetirá invariablemente sea cual sea la causa de la rebelión: antioligárquica, antifiscal, antiseñorial, etc.

Una característica básica de este modelo de conducta es un reparto de roles entre la población que intenta respetar las jerarquías preexistentes y amoldarse a la función social que se le asignaba culturalmente a cada grupo social: de este modo, los cargos municipales asumen el liderazgo y son obedecidos con total disciplina; los clérigos, representantes de una Iglesia a la que se otorga una función pacificadora y conciliadora, son los encargados de mediar entre el juez y la población; los jóvenes y las mujeres, seres a quienes se presupone una menor racionalidad y una mayor propensión a los comportamientos pasionales e irresponsables, son quienes llevan a cabo los actos violentos; incluso los defensores del juez —meramente simbólicos, puesto que se limitan a pedir calma— no son improvisados, son unos caballeros y algunos frailes.

Otro tipo de comportamiento codificado que aparece en todos los motines populares son las formas concretas con las que se demuestra la ira y se amenaza. Se trata siempre de demostraciones ritualizadas: se lanzan piedras y tiros al aire, pero no se dispara contra las personas ni se utilizan las armas blancas; se profieren violentas amenazas de muerte; pero rara vez resulta nadie siquiera herido. Se intenta demostrar que se está dispuesto a llevar la violencia hasta sus últimas consecuencias, pero todo termina en una deposición, también meramente simbólica, de los oficiales contra los que el pueblo se ha rebelado, se les despoja de sus atributos de poder normalmente de la vara de justicia y del sombrero y de la capa— y son conducidos a la cárcel, pero liberados una vez que se ha cumplido el acto ritual de la deposición.

Archivo Histórico Nacional. Consejos, Leg. 31.090.